Carlos Ciapponi, presidente de la distribuidora, reconoció la situación y aclaró que los precios responden a un esquema de costos atravesados, entre otras variables, por las pérdidas de las conexiones no declaradas, el aumento exponencial de los clientes y el hecho de que sólo se financien con tarifa. Desestimó las comparaciones al señalar que cada mercado es único.

La tarifas residenciales y comerciales de CALF son las más altas entre seis distribuidoras de la región: EPEN, Edersa y las cooperativas de Plottier, Cutral Co y Zapala.

Tomando como referencia un consumo residencial de 300 kWh/mes, que sería un uso familiar promedio (cerca del 80% de los clientes de CALF consumen una media de 260 kWh), la distribuidora capitalina cobra 849,45 pesos finales con impuestos, lo que representa más del 100% que la que menos cobra (Edersa) y un 33% por encima de la segunda más cara. Para un consumo de 400 kWh/mes la diferencia se estira: 1.323,15 pesos significan 250% por encima de la más barata y 41% más que su seguidora.

Para el consumo comercial la dispersión de valores se compacta. CALF mantiene el liderazgo en los precios más caros, pero otras dos distribuidoras comparten el rango de valores. Con una demanda mensual de 1.500 kWh/m los precios finales muestran que la cooperativa capitalina cobra 4.948, 38 pesos finales con impuestos, mientras que Copelco (Cutral Co) factura 4.421,80 pesos, en Plottier se cobra 4.267, 71 pesos, en Zapala 2.990,30 pesos, el EPEN 2.088,39 pesos y Edersa 1.565,31 pesos.

El caso más significativo se encuentra en las tarifas que las distribuidoras cobran a las reparticiones públicas. En este rubro un consumo de 3.000 kWh/mes presenta los siguientes valores: la cooperativa de Plottier 94.143 pesos finales con impuesto, la de Cutral Co 87.305 pesos, la de Zapala 11.723 pesos, CALF 7.142 pesos, EPEN 3.699 pesos y Edersa 3.115 pesos.

Esta última situación representa un esquema que, además de ser extremadamente disperso, genera grandes desigualdades. Por ejemplo una escuela privada pagaría bajo la denominación de uso comercial, mientras que una escuela provincial se regiría por el esquema de repartición pública. La diferencia es sideral.

Una fuente del sector analizó que los esquemas tarifarios que incluyen elevados valores hacia las reparticiones públicas suelen utilizarse como una especie de transferencia de recursos para recomponer aquellos valores que evitan trasladarse al principal núcleo de clientes: los usuarios residenciales. Sin embargo (como se ve en el cuadro) los valores para los residenciales no contemplan recomposiciones considerables.

La tarifa de CALF bajo lupa

El último aumento que aplicó CALF, de un 40%, fue aprobado por el Concejo Deliberante. Se trató de la resultante de una friccionada negociación que terminó por bajarle las expectativas a las autoridades de la cooperativa, quienes reclamaban un incremento superior al aprobado por mayoría. Ahora anticiparon que no trasladarán no saben hasta cuándo los últimos aumentos para la generación y el transporte.

Técnicos de la cooperativa señalaron que cada mercado tiene sus particularidades por lo que no son comparables. Explicaron que la distribuidora sólo se financia a través de la facturación porque no recibe subsidios ni dinero del Fondo Nacional Eléctrico que, sus clientes pagan, pero llegan a la provincia y se direccionan exclusivamente al EPEN.

Además agregaron que de la facturación destinan un 2% para financiar el ente regulador y un 6% de canon al municipio por el uso del espacio público. También indicaron que los estándares de calidad exigidos por el municipio no los tienen las otras distribuidoras: bajo porcentaje de cortes, 48 horas para las conexiones y red subterránea para un amplio sector del centro capitalino, donde se busca mitigar el impacto visual de las líneas eléctricas, entre otros aspectos.

Pero centralmente destacaron que la dinámica de la ciudad es la que pone en última instancia las condiciones. Por ejemplo, los asentamientos irregulares generan pérdidas por 123 millones de pesos anuales. Además de la alta movilidad que tiene el mercado inmobilario (se realizan 12.000 movimientos de medidores al año, cuando en otras distribuidoras no superan los 3.000), también resaltaron el crecimiento edilicio que obliga a poner en marcha nuevas obras para abastecer la demanda.